La ley 'antipiratería' de Sarkozy está poniendo a prueba la paciencia de políticos, ciudadanos y activistas.

Tras haber sido reformado su texto por anticonstitucional hace un mes, ahora arrecian las denuncias porque la nueva versión abre la posibilidad al Gobierno de 'espiar' los contenidos de los correos electónicos.

La prensa francesa recoge durante los últimos días denuncias de varios políticos, según informa el sitio especializado Silicon News, que afirma que, de aprobarse definitivamente el texto tal y como lo ha aprobado el Senado, el Gonierno podría ordenar al organismo administrativo Hadopi el registro de cualquier 'comunicación electrónica', incluido el e-mail, y sin orden judicial de por medio.

En el texto de la ley, aprobado por el Senado pero que aún tiene que ser debatido y aprobado en la Asamblea Nacional francesa, se establece que los agentes de la Hadopi pueden registrar las presuntas violaciones de la propiedad intelectual a través de "comunicaciones electrónicas", lo que se entiende que se puede extender al envío no autorizado de archivos de música por 'e-mail' o la práctica de 'streaming'.

La clave de la nueva polémica es la indefinición de las vías por las que se pueden infringir los derechos de autor, que el texto de la futura ley son englobadas en amplia expresión "comunicaciones electrónicas".

Espionaje administrativo, blanco de las críticas

La posible intrusión en el correo electrónico privado por parte de una entidad administrativa ha llevado al grupo comunista en el Senado a pedir la supresión de la expresión "comunicaciones electrónicas". Para la senador comunista Brigitte Gonthier-Maurin "esta expansión es una invasión de la intimidad".

Incluso diputados del partido de Sarkozy UMP, como Lionel Tardy o Franck Riester, ha pedido la modificación de la expresión, para impedir el registro de los correos electrónicos privados.

El nuevo ministro de cultura francés, Frédéric Mitterrand, justificó la reintroducción de la expresión "comunicaciones electrónicas" (que había desaparecido mientras permanecía en el cargo su antecesora, Christine Albanel) porque los intercambios no autorizados no sólo se realizan a través de redes de pares (P2P).

Y este retorno se apoya en un pricipio: "El Consejo Constitucional consideró que no era posible, sin violar el principio de igualdad, tratar a los autores de infracciones cometidas a través de Internet de manera diferente en función del servicio que usen", dijo ante el Senado.

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