No habrá prórroga para los rezagados. Los usuarios de un teléfono móvil de tarjeta de prepago -aquellos que no tienen un contrato- que no se identifiquen (nombre, DNI y domicilio) ante sus compañías antes del 9
de noviembre verán anulada o desactivada su tarjeta. Ésa es al menos la intención del Ministerio del Interior, que ha manifestado su negativa a la petición de los operadores de un cambio normativo que suavice la
medida contenida en la ley y sólo suspenda la línea temporalmente, alargando unos meses el plazo para la identificación de modo que los usuarios puedan conservar el número.

"No hay ningún motivo para la prórroga. Los usuarios y las compañías han tenido dos años para llevar a cabo la identificación tal y como marca la ley", señaló un portavoz del Gobierno. Las mismas fuentes
indicaron la dificultad desde el punto de vista legislativo ya que sería preciso un decreto ley para conceder una moratoria para corregir la Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones
Electrónicas de octubre de 2007, que dio dos años de plazo a las operadoras para identificar a sus clientes.

No obstante, las compañías confían en que finalmente la Administración acceda a esta petición, puesto que no se trata de una prórroga en sí, ya que la tarjeta sería "desactivada" -tal y como dice el texto de la ley-, y no se podrían ni realizar ni recibir llamadas, aunque se reservaría a cada usuario el número que recuperaría sólo cuando cumpliera con la
obligación de identificarse. Esa confianza se basa también en el apoyo del Ministerio de Industria que trata de convencer al departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba de la idoneidad de la prórroga o, al menos, de
una interpretación laxa de la ley.

Otra de las disensiones entre ambas partes es el número de afectados. Las operadoras evaluaron la semana pasada que la medida dejaría sin móvil a cuatro millones de usuarios, pero la Administración considera que la cifra es mucho menor,
puesto que gran parte de esas tarjetas pertenecen a líneas sin uso.

Al margen de dejar incomunicados a miles de usuarios, las operadoras temen una catarata de reclamaciones de sus clientes anónimos. Y es que la
medida del Gobierno, supondrá la pérdida de millones de euros con que los usuarios han recargado sus tarjetas prepago y que, en caso de desactivación de sus líneas, pueden perder para siempre, dadas las
previsibles dificultades del proceso de reclamación.

Dando por buena la cifra de cuatro millones de afectados, éstos podrían perder hasta 25 millones de euros del saldo pendiente, tomando como base un consumo medio de un cliente de prepago es de 6,4 euros al mes y los
ingresos medios mensuales de las compañías por prepago de 191 millones, según las últimas cifras disponibles del segundo trimestre de este año de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Y es que la
ley de octubre de 2007, se muestra ambigua tanto sobre la pérdida del número como sobre las compensaciones económicas. "Los operadores vendrán obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago
respecto a las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción (...), sin perjuicio de la compensación que, en su caso, corresponde al titular por el saldo pendiente de las mismas", señala la
norma.

No obstante, la campaña de Interior Identifícate, para concienciar a los consumidores, señalaba que el usuario que no se identifique "perderá la línea y el número de móvil". Algunas fuentes
creen, sin embargo, que las compañías cumplirían la ley "desactivando" la línea, pero que nada les impide reservar el número a sus clientes por un tiempo. Toda esa indefinición puede dar lugar a miles de
reclamaciones.

La medida también tendrá consecuencias estadísticas. En España hay 21 millones de clientes de prepago frente a 31 de contrato o pospago. La desaparición de cuatro millones de líneas
rebajaría de golpe las cifras de penetración de móvil, del 113,2 a 104 por cada cien habitantes, es decir, a niveles de principios de 2007.

Para llevar a cabo la identificación, los clientes deben acudir a los puntos de venta del operador y aportar el documento nacional de identidad o la tarjeta de identidad de extranjero, mientras que las empresas deben
mostrar la tarjeta de identificación fiscal. La ley fue consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 2004, en el que los terroristas activaron las bombas con móviles prepago.